El lunes 29 de septiembre, en el marco de las actividades del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se llevara a cabo una actividad de las organizaciones sociales frente a la legislatura en Mendoza.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, bajo la consigna "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", presenta nuevamente el proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en las primeras doce semanas), ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Esta iniciativa había perdido estado parlamentario por falta de debate luego de su presentación en 2007. La nueva presentación está acompañada por las firmas de 60 diputados y diputadas de distintos bloques políticos.
Julia Martino, integrante de la Campaña, explicó en el aire de Café Universidad, los objetivos de la misma, enmarcada en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y el trabajo de apertura del debate que llevan a cabo desde hace 9 años. Fundamentalmente entienden que el aborto clandestino es un problema de salud pública por ser la primer causa de muertes maternas, teniendo en cuenta que en Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación, abortan clandestinamente cerca de 460.000 mujeres al año.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, organizaciones feministas de América Latina y el Caribe remarcan el desafío de no retroceder en las conquistas de derechos: “La decisión de abortar no puede ser considerada un delito”. A pesar de los avances, son 8 los países de la región que todavía prohíben completamente la práctica.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva registró 96 664 abortos en 2022, 62% más que en 2021. Claudia Anzorena, socióloga e investigadora del Conicet, propone analizar el fenómeno de manera integral para no caer en interpretaciones simplistas.
REDAAS, una red de profesionales de la salud y el derecho, presentó ERA, una plataforma destinada a especialistas que atienden a mujeres, adolescentes, niñas y otras personas gestantes que solicitan un aborto.
Según la denuncia, la empresa de medicina prepaga Omint “obstaculizó la práctica, demoró el trámite y la atención a la paciente, y no brindó información clara y precisa".
Lo afirmó Leticia Morcos, integrante de Líbera, abogacía feminista. Hay frenos en las obras sociales, en el sistema público y en el privado. Objeción de conciencia cuando no corresponde, falta de equipos y farmacia, y escasez de información, impiden el cumplimiento de un derecho.
El estudio elaborado por CEDES e Ibis analizó los dos años de debate (2018 y 2020) y el primer año de implementación de la ley (2021) de IVE. Si bien hay diferencias regionales y de género en la autoría de los artículos, “las coberturas fueron acompañando la despenalización social del aborto”.
Organizaciones de derechos humanos, de mujeres, sociales, sindicales y políticas pidieron la absolución de una mujer presa hace ocho meses porque, tras ser "víctima de una emergencia obstétrica en su domicilio", es juzgada por homicidio agravado por el vínculo y alevosía.
El presidente estadounidense aseguró que protección federal para las mujeres fuera de los estados que prohibieron la interrupción voluntaria del embarazo. Habló del "caos y la incertidumbre" que se produjo a raíz de la decisión de la Corte Suprema y afirmó contundente: "La salud y la vida de las mujeres están en juego".
La Corte Suprema anuló este viernes la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y generó un revuelo nacional y mundial. La decisión judicial podría impactar en casi la mitad del país.
El medicamento, combinado con misoprostol, es considerado en medicina el “estándar de oro” en interrupciones del embarazo. Su uso no estaba habilitado en Argentina pero, con autorización de la ANMAT, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva incorporó el combo a su canasta de insumos.
La lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) avanza en América Latina. Se incorporó en el borrador final de la futura Constitución de Chile, se despenalizó hasta la semana 24 en Colombia y se incluyó la causal violación en Ecuador. Los avances contrastan con la ola de restricciones en Estados Unidos.
Según el informe ImplementAR 2021, en un año de aborto legal, se realizaron 59 348 interrupciones de embarazo en el sistema público de salud argentino, de las cuales 2916 fueron en Mendoza. El misoprostol está disponible, pero hay marcadas diferencias territoriales de oportunidades de acceso.
Al 30 de noviembre de 2021, los datos oficiales indican que se realizaron más de 32.000 interrupciones de embarazos en el sistema público. Aunque, un relevamiento de la Campaña Nacional muestra que el acceso al derecho al aborto "es desigual en todo el país".
Según información del proyecto Mirar, la media nacional es 3,2 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil y nuestra provincia garantiza 2,8. Son marcadas las desigualdades entre jurisdicciones en cuanto al acceso a las interrupciones del embarazo.
Según Amnistía Internacional, esos son los principales obstáculos en el acceso al derecho al aborto, a los que se le suma un mapa desigual de distribución de los centros de salud.
La profesional del hospital de Tartagal realizó un aborto a una joven de 21 años. Una tía de la joven hizo la denuncia. Hubo pañuelazo en la capital salteña.
El decreto 516 contiene sólo tres artículos, aunque el primero de ellos es el más importante porque aprueba el anexo con las reglamentaciones de la ley aprobada en el Congreso. Los detalles.
Desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Amnistía Internacional monitorea su aplicación. Registró 31 demandas, de las cuales 15 fueron consideradas inadmisibles. Además, denunció desigualdades entre las jurisdicciones para acceder al derecho.